La Unión Europea se dispone a actuar “rápidamente” para imponer más sanciones a Venezuela tras las elecciones sin garantías que se celebraron el pasado 20 de mayo. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han adoptado la decisión este lunes como respuesta a la “falta de credibilidad” de la consulta, que registró una abstención récord y se celebró en ausencia del grueso de la oposición.

Con ese mandato político de añadir medidas restrictivas “que no dañen a la población de Venezuela”, según el texto aprobado por los ministros en el Consejo de Exteriores, los expertos de la UE evaluarán ahora los nuevos nombres que van a añadir a la lista de personas a las que se prohíbe la entrada en territorio comunitario y cuyos bienes quedan embargados. “Esperamos que el incremento de la presión, también de países de la región latinoamericana, convenza al régimen de que la única salida es el diálogo”, ha asegurado el ministro español, Alfonso Dastis, en conferencia de prensa.

Europa aplica sanciones a Venezuela desde noviembre de 2017. Tras varias alertas sobre el deterioro político y económico en el país latinoamericano, los 28 países miembros acordaron por unanimidad un embargo de armas. En enero, aprobaron por primera vez sanciones individuales contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro, entre ellos el número dos del régimen, Diosdado Cabello. Todos ellos tienen prohibida la entrada en la UE y confiscados los posibles bienes que guarden en territorio comunitario.

La decisión de este lunes, impulsada por España, supone dar un respaldo político a la ampliación de esa lista, que incluirá a altos cargos considerados responsables del retroceso político y económico que experimenta el país sudamericano. Las medidas restrictivas deberán quedar definitivamente aprobadas en el próximo Consejo de Exteriores, a finales de junio.

Con las trabas a los líderes opositores y la “falta de respeto a los mínimos estándares democráticos”, la UE considera que las elecciones venezolanas no fueron “ni libres ni justas”. En esa lógica, el bloque comunitario subraya “la necesidad de elecciones libres y transparentes que respeten las reglas constitucionales de Venezuela”. La abstención llegó al 68% de los electores, según estimaciones oficiosas. El recuento oficial la situó en el 54%.

Castigo de baja intensidad

Pese a rechazar la deriva de Maduro, Europa recela de ensayar cualquier estrategia que pueda dañar económicamente a una población ya muy castigada por la involución del país. “Por eso no adoptamos ninguna medida relacionada con el sector petrolero”, argumenta un alto cargo del servicio diplomático europeo. Estados Unidos sí decidió restringir la compra de deuda venezolana por parte de los ciudadanos estadounidenses como respuesta al fraude electoral.

Bruselas ha querido aguardar hasta la celebración de los comicios para ejercer más presión en el régimen venezolano a través de las sanciones. Aunque el Parlamento Europeo pidió en febrero ir más allá en este castigo diplomático, visto el deterioro de la situación política en Venezuela, Mogherini quiso agotar el diálogo con las fuerzas de Gobierno y de oposición en el país.

La alta representante se entrevistó a principios de abril con el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, a quien explicó que la Unión Europea no participaría como observador electoral en Venezuela porque el proceso carecía de las garantías necesarias. Más tarde, recibió al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza —institución parlamentaria orillada por el régimen al crear el verano pasado la llamada Asamblea Constituyente—, y con representantes de los cuatro principales partidos de la oposición.

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