Carta a Luisa Ortega Diaz
Por
Robert Alvarado
“…Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón…”
Santiago Rusiñol i Prats
La situación actual es compleja, exigiría de usted como Fiscal General de la República ir despacito, como la canción de Luis Fonsi, (https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk) creo entender que es así después de lo que me han dicho en el Despacho a su cargo tras solicitar información sobre casos de algunos presos políticos a quienes asisto desde hace casi una década, prácticamente todo el lapso de su gestión al frente del Ministerio Público. Como se trataría de ir paso a paso, considero de suma importancia que uno de los primeros, sino el primero, lo dé en favor de los presos políticos, que a la par de sus últimos pronunciamientos crecen en número, cantidad que aumentará con alcaldes demandados y obligados a impedir barricadas o irán a prisión, demostrando un acelerado deterioro en materia de derechos humanos en Venezuela y eso me preocupa tanto como usted, porque “hay una intención de castigar y eso configura el delito de tortura”, como bien lo dijo Liliana Ortega.
“Ojala y también saliera declarando la inocencia de todos los presos políticos que ordenó enjuiciar: Arrepentida de sus falsas acusaciones”. Inés Gonzales Árraga (@inesitaterrible), quien vivió en carne propia los rigores de la prisión por antojo de un “Poder Judicial que casi nos mata en la cárcel”, expresó esa aspiración cual condición para que usted tenga credibilidad como Fiscal General, en congruencia con declaraciones suyas que respaldarían denuncias de oposición; que no se repita en usted el mórbido encantamiento del doble lenguaje, paso previo a convertir las víctimas en culpables, porque podría quedarse desprovista del salvavidas que anhela, muestre la misma celeridad exhibida por el Ministerio Público en casos políticos en los que se utiliza la cárcel como método de tortura, consciente de que en ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni maltratos, y los hay, violando la Constitución y normativa internacional en materia de derechos humanos.
Es sabido que corresponde a tribunales penales el enjuiciamiento de los presos políticos, pero como usted evidenció la ilegalidad del gobierno de Maduro, siendo apéndices del ejecutivo, esos órganos jurisdiccionales están inhabilitados para seguir administrando justicia, para dictar sentencia, cosa que debe resolver pronto, para la comunidad internacional no hacerlo sería alevosa omisión e implicaría gravísimos delitos que la pondrían en el umbral de la ruptura constitucional que estaría combatiendo. Además, señora Fiscal, las razones y motivos reales de la privación de libertad de decenas de presos políticos no son el tema, es claro que están secuestrados por el régimen, les resultaron incomodos y por eso los acusan con pruebas falsas. Lo grave es que en todos esos casos se han consumado violaciones a los derechos humanos que usted debe garantizar, transgresiones a la Constitución cuyo cumplimiento es su obligación. Si hay independencia de poderes, entonces échele pichón y actúe en consecuencia en favor de los presos políticos, no digo nombres para no dejar a nadie por fuera, usted los conoce sobradamente y a ninguno puede confirmarles culpabilidad. Callar u omitir actuar no es una opción.
Debe iniciar ya un proceso de excarcelación pidiendo la libertad de todos y cada uno de los presos políticos, eso implica reconocer que hay delitos de lesa humanidad y responsables, como por ejemplo jueces, fiscales y carceleros, sin olvidar personeros políticos que usurpan funciones al señalar públicamente las penas a imponer, exigiendo la responsabilidad penal de éstos, debe proceder de inmediato y sin contemplaciones contra quienes con precipitadas e inmorales decisiones han mandado a un número de ciudadanos inocentes a la cárcel desprovistos de garantías y derechos. Póngase en sintonía con lo que los tiempos piden: coraje, templanza y determinación, para dejar en claro que en Venezuela si hay instancias ante las cuales acudir para que no sigan tratando a los disidentes como enemigos en guerra, últimamente detenidos y torturados para fabricar pruebas falsas contra dirigentes opositores y para quienes el Vicepresidente ordenó a los jueces dar pena máxima, sin prueba ni siquiera indicios, resultando en procesos caracterizados por detenciones arbitrarias, derechos vulnerados: sin audiencia, sin contacto de familiares y abogados.
Usted “dice que habla en nombre de los casi 10 mil funcionarios y casi 3 mil fiscales del Ministerio Público”. (https://www.youtube.com/watch?v=DBblOpsXWGY) No es usted sola, es una posición conjunta que los obliga por igual a actuar, un deber del grupo en nombre del cual dice hablar. Aquí no caben disimulos. No hay máscaras ni estrategias que cubran lo obvio, tienen a esos venezolanos como rehenes, la judicialización del secuestro de todos y cada uno de ellos por parte del Sistema Judicial venezolano así lo demuestra, un hecho que es jurídicamente irreversible, urgente y desgarrador, y eso no se enfrenta con declaraciones. En tal sentido, me permito recordarle que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal, así que quienes hoy no hagan nada para enmendar tales tropelías al ejercicio de derechos ciudadanos, responderán mañana, más aún usted que tiene la titularidad de la acción penal. Entonces, luce razonable pasarse al lado de quienes están tras las rejas como resultado de la vil e impune incriminación que los hizo presos políticos, para que no sigan siendo víctimas de las persecuciones judicial y política que les montaron.
Los presos políticos son responsabilidad de sus fiscales, (http://www.fundepro.com.ve/2016/01/rostros-de-la-amnistia.html) exigiéndole mayor contundencia y apoyo para salir en libertad, esforzándose en ese sentido erradicará la percepción de que escucharla a usted hablar de Estado de Derecho es como escuchar a un GNB hablar de honor. No hay que ser abiertamente opositor para pugnar aberraciones jurídicas que mantienen a esos ciudadanos venezolanos tras las rejas por causas políticas, con apegarse a la verdad de los hechos, tiene. Todos los presos políticos merecen libertad e indemnización. Demuestre con hechos que el Ministerio Público es un poder independiente, el brazo de la justicia, imparcialidad y legalidad para garantizar la paz. Finalmente, parafraseando un lema de FUNDECI, le digo; soy defensor de derechos humanos, no sufro de odio, de ese mal sufren los oficialistas, como demócrata tampoco sufro de Síndrome de Estocolmo.
A sus gratas órdenes,
Robert Alvarado
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