“La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente la aprueba o la niega el pueblo mediante referendo consultivo: cuando la mayoría de los votos es ‘sí’, se aprueba la convocatoria; en caso contrario no se convoca”, dice el libro oficial del Ministerio de Educación para 5° grado, Venezuela y su gente, Ciencias Sociales. En el texto de 4° grado de la misma serie se aclara: la nueva Constitución se somete a referendo consultivo; si el pueblo vota ‘no’ queda rechazada y si vota ‘sí’, se promulga.
La sencilla explicación resume la discusión nacional dada a partir de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez convocó una ANC no prevista en la Constitución; recoge la decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia que ordenó consultar al pueblo y sintetiza el espíritu del debate constituyente para incluir el mecanismo en lo que sería la nueva carta magna.
Pero ese principio consultivo no aparece en la convocatoria de Nicolás Maduro, ni en las bases comiciales, ni en las palabras de la presidente del CNE Tibisay Lucena, ni en la sentencia 378 de la Sala Constitucional del TSJ. Todos insisten en que no es necesario consultarle previamente a la ciudadanía. Para aplacar las críticas, el mandatario señaló el jueves que “la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo o no”, pero descartó la consulta previa.
Las bases comiciales dictadas por Maduro y ajustadas por Lucena dicen que se elegirán 545 constituyentes: 364 en los municipios, 8 indígenas y 173 por sectores, es decir, 24 estudiantes, 8 campesinos o pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 de los consejos comunales y 79 trabajadores. Cualquier ciudadano puede postularse siempre y cuando cumpla con los requisitos, entre ellos que esté registrado en el CNE y en la data al gremio al cual quiere representar.
Indican que la mayoría de los constituyentes municipales se elegirán de forma nominal y los sectoriales entrarán por lista, excepto los de los consejos comunales, que serán escogidos en asamblea de las comunas.
Ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial. La postulación de los candidatos municipales será por iniciativa propia con el respaldo de 3% de los electores municipales; y los sectoriales serán postulados por grupos de electores. Todos los funcionarios públicos –inclusive los militares activos- pueden postularse como constituyentes, siempre que se separen del cargo una vez admitida la postulación.
Desde el punto de vista técnico el proceso es apresurado, si se compara con el realizado en 1999 e incluso con los tiempos aplicados por el CNE para el frustrado revocatorio presidencial de 2016. Además, el CNE calculó el número de constituyentes sectoriales sin que nadie sepa qué registros usó. Se trata de una base de datos inauditable, advierte el técnico electoral Roberto Picón.
“Es una caja negra muy oscura. Si soy discapacitado, pensionado y empresario ¿en cuál sector me incluyó el CNE? No sé. ¿Cómo van a saber los candidatos dónde buscar 3% de las firmas para postularse si el registro usado por el CNE no es público?”.
Afirma que se viola el principio de voto universal con el objeto de manipular a los electores: “Al sectorizar el voto, el gobierno agrupó a los más vulnerables y manipulables clientelarmente: a los pensionados los amarran con la pensión, a los consejos comunales con la bolsa CLAP, a los estudiantes con las becas, a los pescadores con los créditos”.
Se irrespeta, dice, el principio de proporcionalidad del voto, al darle igual peso a municipios rurales de 2.000 habitantes que a los urbanos de 400.000. “Para el gobierno es más fácil distribuir 2.000 bolsas CLAP y tener a todo un pueblito contento que distribuir 400.000 bolsas. Al igual que el sistema sectorial, el territorial esté diseñado para el control clientelar de los electores”, señala.
Fuente: www.elnacional.com
