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@gustavoazocara

El 28 de mayo de este año, hace exactamente dos semanas, escribimos un artículo dedicado a la Fiscal General de la República, titulado Luisa Ortega puede detener la locura constituyente (https://www.lapatilla.com/site/2017/05/28/gustavo-azocar-alcala-luisa-ortega-puede-detener-la-locura-constituyente/ ) en el que expusimos una serie de acciones que a nuestro juicio debía llevar a cabo el Ministerio Público para impedir que se concrete el deseo megalómano de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, de contar con una nueva Constitución que les permita perpetuarse en el poder.

Nuestro modesto planteamiento, buscaba hacerle ver a la Fiscal algo que evidentemente ella ya sabía: que ningún otro funcionario público tenía en sus manos el poder y las herramientas constitucionales para evitar que se instale en el país una Asamblea Nacional Constituyente espuria, ilegal y violatoria de los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e impedir que el país termine envuelto en una confrontación de proporciones inimaginables, en un escenario indeseable y peligroso, que aunque parezca mentira pareciera estar a la vuelta de la esquina: una guerra civil.

Luisa Ortega Díaz siempre fue Chavista. Eso no está en discusión. Pero hay algo que, ciertamente, nunca ha sido: madurista. Es un secreto a voces que la Fiscal General no forma parte del primer anillo de Maduro. La titular del Ministerio Público nunca ha estado dentro del equipo cercano del ex chofer del Metro de Caracas. Ortega no sólo no es amiga de Nicolás es mucho peor que eso: es enemiga de Cilia Flores, la mano que mece la cuna. La Fiscal fue ratificada en el cargo el 22 de diciembre de  2014 por la Asamblea Nacional por la sencilla razón de que la candidata de la familia Maduro/Flores, la magistrada Miriam Morandy, apareció vinculada en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía en el año 2010 contra el presunto narcotraficante Richard José Cammarano Jaimes.

El acuerdo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en diciembre de 2014 era sustituir a Luisa Ortega y nombrar a Miriam Morandy, la comadre de Cilia. Pero alguien puso sobre el escritorio de Diosdado el grueso expediente, con vídeos y fotografías incluidas donde se mostraba a la magistrada y comadre de Cilia pavoneándose por Caracas con un sujeto señalado de tener presuntos vínculos con el mundo de la droga. Para evitar el escándalo, Cabello juramentó a Ortega Díaz para un nuevo período de 7 años, hasta el 2021.

El 24 de mayo de 2015, el ciudadano Richard José Cammarano Jaimes, solicitado por los tribunales 12 y 22 de Caracas, por el delito de tráfico internacional de drogas y acusado de almacenar 1.200 kilos de cocaína en una residencia de su propiedad en Prados del Este, fue detenido en Maiquetía. El expediente contra Cammarano había sido abierto el 10 de diciembre de 2010. También se le acusaba de lavado de dinero en el intervenido Banco de Andorra.

El expediente contra el novio de la magistrada Morandy lo elaboró la fiscal séptima del Ministerio Público, Yemina Carolina Marcano Regual por orden de Ortega Díaz. El día de su detención, el presunto narcotraficante pretendía viajar fuera del país en compañía de la magistrada Miriam del Valle Morandy C.I. 6.363.852. Cammarano y Morandy fueron detenidos, pero la magistrada y candidata a Fiscal General fue dejada en libertad luego que su comadre, Cilia Flores, hiciera las llamadas telefónicas correspondientes. Desde ese día, la guerra a muerte entre Cilia y Luisa fue abierta y declarada.

Cilia Flores ha pretendido pasar inadvertida en la lucha entre  Luisa Ortega Díaz y el Tribunal Supremo de Justicia. Pero quienes conocen la lucha de poderes que hay en Venezuela, saben muy bien que fue ella quien puso los cerillos para encender la hoguera en la que está siendo incinerada la Fiscal General de la República.

Luisa Ortega ha decidido desvincularse por completo del gobierno de Nicolás Maduro y ha optado por formar tienda aparte. La Fiscal tiene en sus manos informaciones importantes que le han advertido del desastre y ello ha servido no solamente para que impugne las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con relación a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sino también para cuestionar la designación y posterior juramentación de13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la extinta Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello.

La impugnación del nombramiento de los 33 magistrados, aunque un poco tarde, es perfectamente válida y se produce, en el preciso momento en el que la Sala  Electoral del TSJ acaba de rechazar un recurso interpuesto por la titular del Ministerio Público dejando muy claro que la mayoría de jueces del alto tribunal del país no harán absolutamente nada para impedir que Nicolás Maduro ponga en marcha su Constituyente Cubana.

Pero eso no es todo: el máximo tribunal anunció hace apenas 48 horas la apertura de una investigación sobre el uso por parte del Ministerio Público de una aeronave que el organismo mantuvo en su poder bajo medida de aseguramiento y que estuvo a disposición de la Fiscal General. La averiguación la lleva a cabo la propia Sala Constitucional y guarda relación con el caso de un avión que estaba en manos de la Fiscalía desde el año 2015 y que no fue devuelto a sus propietarios sino hasta el pasado 8 de junio de 2017.

El TSJ señaló que “para verificar si existe alguna infracción al orden público, solicitó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil una copia certificada de los registros de uso de la aeronave (…) Los registros deben ser acompañados de: destinos, sean nacionales o internacionales, especificación de fechas de los vuelos, horas de vuelo, aeropuerto de aterrizaje, así como identificación de la tripulación y la identificación de los pasajeros en cada uno de esos movimientos de la aeronave”.

La aeronave, un King Air 300, Beach Aircraft, se encontraba bajo la figura de “administración especial” de la Fiscal Ortega Díaz desde el 7 de Mayo de 2014.  El abogado Abraham Mussa Uribe, representante de la empresa propietaria del avión,  la Sociedad Mercantil Delta Sierra 2012, C.A., y quien se desempeñó como vice ministro del Trabajo en la administración de María Cristina Iglesias, en los años 2008 y 2009, informó que la avioneta estaba “alquilada” por la Fiscalía y había sido solicitada desde 2015.

Mussa dijo que la aeronave fue utilizada por Luisa Ortega Díaz y Germán Darío Ferrer (diputado chavista y esposo de la fiscal) para uso privado lo que según él “podría derivar en un hecho punible que nosotros evaluaremos (…) los daños estimados por este caso para sus representados están cerca de los 300.000 dólares”.

El expediente del avión es el arma que utilizará el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar el enjuiciamiento de la Fiscal General de la República y su inmediata destitución. Esa decisión ya fue tomada en Miraflores. La abogada Cilia Flores ya dio la orden. La presencia de Ortega Díaz al frente del Ministerio Público podría tardar tan sólo algunas horas, quizá algunos días. El madurismo no quiere esperar a que se elija y se instale la Asamblea Nacional Constituyente para acabar con esta Fiscal “incómoda y traidora”.

Así las cosas, Luisa Ortega pareciera tener los días contados. La fiscal cavó su propia tumba desde finales de marzo cuando denunció la ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ. La funcionaria hizo méritos para que el oficialismo mandara a preparar su lápida cuando solicitó a la Sala Electoral declarar la nulidad de la convocatoria a una Constituyente Cubana y terminó de comprar su ataúd político cuando pidió la desincorporación de los 33 magistrados exprés nombrados por Diosdado Cabello y compañía.

El oficialismo ya ha dado suficientes muestras de lo que pasará con Luisa Ortega Díaz si se llega a instalar la Asamblea Nacional Constituyente. Diosdado anunció que “a esa Fiscalía le quedan 53 días”. El vicepresidente del Psuv, pidió “disculpas porque yo era presidente de la Asamblea cuando esa persona fue designada como Fiscal”,

Tareck El Aissami, actual vicepresidente de la República tildó a Luisa Ortega Díaz como “indigna”. El segundo hombre en el poder detrás de Nicolás Maduro, dijo que “La fiscal dice que la constituyente es un retroceso a los derechos humanos ¡El retroceso es ella (…) Dentro de 51 días esa fiscalía va a estar en manos de un patriota”. Pedro Carreño fue un poco más allá. Acusó  a la Fiscal de “insania mental”.

Ahora bien: ¿Qué camino le queda a la Fiscal General de la República? ¿Acelerar o poner retroceso? Devolverse ya no es una opción. Retractarse no servirá de nada. Y ofrecer disculpas mucho menos. El ala radical del madurismo ya decidió enterrarla. Y lo hará, con Constituyente o sin ella. Ortega, por tanto, sólo tiene una vía: sacar toda la artillería pesada y bombardear esa nave a la deriva cargada de piratas y malvivientes en la que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro.

Para que la Fiscal no diga pasado mañana que nadie se lo dijo, aquí le dejamos una segunda lista de sugerencias y recomendaciones, que esperamos pueda llevar a cabo lo antes posible: 1) acusar penalmente a las 4 reptoras del CNE por encontrarse en flagrancia, en plena violación continuada de la CRBV, al aprobar un proceso de elecciones para la Constituyente plagado de irregularidades, ilegal e inconstitucional; 2) acusar penalmente a la Primera Dama de la República, Cilia Flores de Maduro, por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico internacional a través de sus sobrinos, detenidos y enjuiciados en EEUU por el tráfico de 800 kilos de cocaína; 3) acusar penalmente al diputado Diosdado Cabello, por las innumerables irregularidades y corruptelas cometidas durante su gestión como Gobernador del estado Miranda;  y lo más importante: 4) solicitar el antejuicio de méritos contra el ciudadano Presidente, Nicolás Maduro Moros, por violaciones a la Constitución y por su presunta nacionalidad colombiana, lo cual lo inhabilitada para seguir ejerciendo ese cargo.

Ciudadana Fiscal General: llegó la hora de la verdad. Se acabaron los thrillers y comenzó la película. Actúe ahora. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Lo que ha hecho hasta ahora es importante y el país lo sabe, pero hay que ir mucho más allá. La Constitución le da a usted las armas que necesita para actuar contra esta banda de delincuentes, zagaletones, antisociales, malandros, malandrinangos que están en el gobierno desde hace muchos años acabando con este gran país.

Pídale a la Asamblea Nacional que la designe Oradora de Orden el próximo 24 de junio y ese día, atrévase a pasar a la historia como la Fiscal General que propuso el enjuiciamiento y la destitución del dictador Nicolás Maduro y sus 40 ladrones. Si lo hace, quizá la historia la absolverá.

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