La frase se volvió viral: “Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, dijo Nicolás Maduro frente a un grupo de jóvenes oficialistas. En esos términos se expresó el mandatario venezolano el mismo día que las Farc daban por concluido formalmente el enfrentamiento armado que durante cinco décadas sostuvieron contra el gobierno neogranadino. “Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”, afirmó Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”. Sugería que a partir de ahora sus hombres saldrían a ganarse el favor de los colombianos en la arena política y tratarían de atraer al pueblo para que votase por ellos en los futuros comicios democráticos. Maduro, siempre perdido e inapropiado, afirmó lo contrario de lo expresado por el antiguo guerrillero.
El discurso de Maduro no puede asumirse como producto de un rapto de ira. Forma parte de la política represiva diseñada y ejecutada por el régimen, única estrategia adoptada para enfrentar la crisis que se vive desde hace tres meses. Ese mismo día las palabras del mandatario tuvieron efectos prácticos: un grupo de paramilitares asedió durante más de cuatro horas la sede del Palacio Federal, donde funciona la Asamblea Nacional, cuando los diputados deliberaban; algunos miembros del comando de la Guardia Nacional responsable del resguardo de la sede y la seguridad de los parlamentarios, agredió a dos de ellos, para más señas mujeres; y, finalmente, el coronel Vladimir Lugo Armas, jefe del comando, agredió a Julio Borges, presidente de la AN, en un acto de gorilismo inaudito pues se perpetró en el local de la Asamblea, símbolo de la soberanía popular y del predominio del poder civil sobre el poder militar.
Mientras estos ocurría en la AN, en el TSJ los abogados (llamarlos magistrados les queda demasiado grande) de la Sala Constitucional le infringían un nuevo y más duro golpe a la fiscal Luisa Ortega Díaz: la despojaban de sus competencias constitucionales para transferírselas al sumiso e incondicional Defensor del Pueblo, acólito del gobierno. A la agresión física se sumó la violencia institucional. Terrorismo por todos lados.
El gobierno le agregó un elemento adicional a la atmósfera de crispación imperante en el país. En este ambiente se produjo el episodio, más pintoresco que dramático, del helicóptero sobre el TSJ. Ese pasaje folclórico mostró las grietas gigantescas existentes dentro del oficialismo y las numerosas fallas de seguridad en los aparatos de seguridad del Estado. ¿Cómo pudieron robarse un helicóptero perteneciente al cuerpo científico policial encargado de descubrir los robos, asesinatos y demás crímenes cometidos en la nación? ¿Cómo pudo sobrevolar un área tan cercana a Miraflores y en un perímetro que se supone está permanentemente vigilado por los radares que protegen el palacio presidencial? ¿Por qué Maduro, quien estaba en cadena nacional, ni se inmutó y, al contrario, le dijo a su ministro de Información que diera el “tubazo” como si se tratase de una noticia intrascendente más? Todo parece parte de una ópera bufa, escrita con el propósito de elaborar una panoplia de excusas para hostigar y criminalizar aún más a la oposición.
El que Maduro prefiera acudir a las armas –entiéndase: represión, violencia persecución- antes que a los votos -es decir, el diálogo, el respeto a la Constitución, los acuerdos en el marco del Estado de Derecho-, coloca a la nación en un candelero: la amplia mayoría democrática del país será ignorada y agredida por el jefe del Estado. Maduro quiere imponer la Constituyente aplastando la voluntad popular. No le resultará sencillo. Durante tres meses una sólida corriente de venezolanos ha demostrado una inquebrantable voluntad de lucha contra los planes procubanos que la nomenclatura madurista intenta imponer en Venezuela.
Falta un poco más de un mes para esa fecha fatídica que es el 30 de julio. A Maduro y su gente le debe de parecer una eternidad. Es verdad: luce demasiado lejana para un régimen que perdió el respaldo popular y el apoyo internacional, está sumergido en una crisis económica sin precedentes, y optó por esconderse debajo de la toga de los abogados del TSJ y detrás de las tanquetas de la GNB y los fusiles del Ejército.
El país sólo puede ganar en esta lucha contra la minoría arrogante y criminal que lo dirige. Ya ha perdido casi todo lo que podía perder: los alimentos, la educación, la salud, los ahorros y hasta la posibilidad de divertirse de vez en cuando. Venezuela no será otra Cuba, ni que Maduro trate de sustituir los votos por las armas.
