La anhelada intervención

Por
José Luis Centeno S.
Twitter: @jolcesal

Ante el revuelo que se ha formado por la “opción militar” mencionada por Trump, para acabar con la situación que estamos padeciendo, y la condena de algunos países y políticos, en especial por parte del Presidente Santos de Colombia, olvidándose que en el año 2000, su país la solicitó y aceptó mediante el llamado Plan Colombia, para luchar contra las FARC, existen instrumentos que no solo dan soporte al “empleo de la Fuerza Armada” como una de las salidas entre diversas opciones, sino que le  impone a los demás países Latinoamericanos apoyarla de ser el caso, según disposiciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR –http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html), aunque suscrito en el año 1947 por la mayoría de los países del Continente Americano y considerado por muchos un “instrumento de defensa multilateral de América” obsoleto, todavía está vigente, a pesar de que necesite de actualizaciones.

La actual repulsa y consecuente condena a una posible “intervención” militar, por diversas personas, gobiernos y entidades, sería producto del desactualizado pensamiento de políticos y opinadores que pretenden darle la misma significación a ese vocablo, con el mismo criterio de los años 50 y 60, cuando mediante ella, se tumbaban gobiernos, y que hoy en día, se debe llamar “participación”, “apoyo” o “ayuda”, pues su fin debe ser ponerse a disposición de las autoridades legítimas, llámese la Asamblea Nacional, para contrarrestar la prepotencia de la“Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, de apoyar a estos delincuentes e ilegítimos gobernantes, desde luego logrando su arresto y seguridades de su juzgamiento justo y apegado a la Ley, todo dentro de la legislación venezolana y no dentro de una discrecional e intervencionista “Legislación de Ocupación”, como se hace creer al colectivo, y ante lo cual no le salen al paso los políticos venezolanos.

La justificación para la aplicación de las medidas contenidas en el TIAR, incluida la del empleo de la Fuerza Armada, se presentan en dos realidades fundamentales como son la realidad venezolana y la realidad de los demás países signatarios del Tratado, esta última conduce a conclusiones basadas en hechos indubitables, mientras que la realidad venezolana, que si bien se basa también en hechos indubitables, se presenta más compleja, toda vez que Venezuela se retiró en el año 2012, y su salida efectiva fue a partir del año 2014, hecho este que lejos de dar lugar a opiniones encontradas, para nada afecta la aplicación de las disposiciones del TIAR, por ser hecho público, notorio y comunicacional, que los diversos países que apoyan al pueblo venezolano en esta lucha afirman y están conscientes que: La paz y seguridad del continente latinoamericano está comprometida y amenazada por la situación que actualmente atraviesa el pueblo venezolano.

Por otra parte, es indiscutible que en Venezuela no existe democracia, sino una tiranía o dictadura, en la cual se han penetrado de manera ilegítima, todos los poderes del Estado, salvo el Legislativo, único legítimo y legitimado por la voluntad popular, que está siendo mermado en sus atribuciones y amenazado de extinción por la ilegitima y no reconocida tanto internamente como en el ámbito  internacional, Asamblea Nacional Constituyente, hecho este que de acuerdo a los Considerandos del TIAR, hace imperativa “la obligación de mutua ayuda y de común defensa… esencialmente ligada a sus ideales democráticos…”

Si bien la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012 se retiró del TIAR, ya desde mucho tiempo atrás había empezado la penetración cubana y extranjera en las instituciones y en la realidad del país, así como entronizado el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y la violación de los derechos humanos fundamentales, bajo la mirada indolente de los países signatarios, sin que nada se hiciera al respecto, a pesar de la amenaza que ello constituía, y que actualmente constituye con mayor gravedad para esos países, entre otros hechos, por el financiamiento de las trapacerías propias de la revolución, bajo la égida del Castrocomunismo, que afortunadamente los políticos de algunos de esos países supieron superar en muchos de los casos. Por ello es una obligación moral para con el pueblo venezolano, “el proveer la ayuda reciproca efectiva” como imponía e impone el TIAR, cuando éramos signatarios activos, para que podamos restablecer un régimen democrático de justicia y valores morales, que contribuya y refuerce la paz y seguridad del continente americano.

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