La independencia de Cataluña está en marcha. Pero eso no significa que vaya a tener efectos prácticos de forma inmediata. La idea principal del discurso de Puigdemont es, de hecho, que el ‘procés’ queda suspendido hasta las “próximas semanas”. O lo que es lo mismo, queda en el limbo jurídico, incumpliendo las propias leyes de secesión aprobadas por el Parlament.

Es decir, la Generalitat tira formalmente hacia adelante, pero con el freno de mano echado, lo que significa, de una y otra manera, que la pelota cae ahora en el tejado del presidente Rajoy, que debe interpretar la intervención de Puigdemont no solo a efectos jurídicos, sino también políticos.

Y lo mismo que el Gobierno catalán recibe la presión de los sectores más radicales de la CUP a favor de una declaración inmediata de independencia, y que tras la intervención de Puigdemont se sentirán defraudados, Rajoy recibe el aliento de sectores de su propio partido (y de Ciudadanos) para poner orden en la cuestión catalana mediante procedimientos extraordinarios, como es la aplicación del artículo 155.

¿Qué pretende Puigdemont con esta estrategia? Al menos tres cosas. La primera, enviar una señal a Europa de que Cataluña quiere la independencia votando. Es decir, se trata de buscar alianzas para lograr un nuevo referéndum, pero esta vez avalado por las cancillerías europeas, que de esta manera se sentirían aliviadas ante un conflicto que despierta muchos recelos por su capacidad de despertar viejos conflictos internos ahora dormidos. Es por eso que este martes Puigdemont ha aprovechado la ocasión —expectación inusitada en Europa— para presentar a Cataluña como un pueblo ciertamente oprimido al que la brutalidad policial y la cerrazón del Gobierno de España impiden vivir en paz.

El segundo mensaje de Puigdemont va destinado a Moncloa, que ahora es quien debe procesar políticamente la intervención del presidente de la Generalitat. Puede optar por mirar hacia otro lado, dado que la declaración carece de efectos jurídicos reales, o, por el contrario, puede optar por tomárselo en serio y activar de forma inmediata los diferentes mecanismos con que cuenta el Estado para impedir una secesión.

El tercer mensaje va dirigido a los propios catalanes. Un proceso independentista por las bravas llevaría a la comunidad autónoma hacia unos niveles de tensión difícilmente aceptables para muchos ‘compañeros de viaje’ que se han implicado en el derecho a decidir, pero que difícilmente se sumarían a una movilización general —con riesgos de violencia en las calles— que necesariamente estaría liderada por los sectores más radicales del independentismo.

O la CUP o los moderados

Y Puigdemont debía decidir entre dar gusto a la CUP, Òmniun y la ANC, o, por el contrario, a los catalanes más moderados que salieron a votar el 1 de octubre. Y el presidente de la Generalitat ha optado por la segunda solución, como, por cierto, adelantó hace pocos días Artur Mas, padre político de Puigdemont, a la BBC.

En todo caso, y juntando estos tres mensajes, el resultado al que quiere conducir Puigdemont acabaría en una negociación con el Estado español, que en realidad es lo que quieren desde hace mucho tiempo los independentistas.

Es decir, una negociación de Estado a Estado, lo que supondría una especie de reconocimiento implícito de Cataluña como sujeto político, que es el viejo sueño de los secesionistas. Y que, como es obvio, niega el Gobierno de España al calor del texto constitucional. No es de extrañar, por eso, que Puigdemont hablara este martes de la existencia de contactos y de mediadores que el Gobierno siempre ha negado con el argumento de que no hay nada de qué hablar hasta que las autoridades catalanas vuelvan a la legalidad. Por ahora, la Generalitat ha decidido situarse en el limbo.

Fuente: El Confidencial