Este viernes (13.10.2017), el Salón de las Américas de la OEA fue escenario de una ceremonia inusual: allí, dieciocho juristas fueron juramentados con miras a que presidan un Tribunal Supremo de Justicia para Venezuela paralelo al que opera en el país caribeño. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respaldó con su presencia la instalación de esa corte. En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficial describió la creación de una instancia alternativa como un “golpe judicial”.

Desde 2016, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, viene acusando a los jueces del TSJ de haber sido nombrados irregularmente y de obedecer órdenes del Ejecutivo. En julio de este año, los legisladores antichavistas juramentaron a 33 magistrados con el objetivo de que remplazaran a los oficialistas. Esa moción dio pie a que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara arrestar a los jueces en cuestión. Los dieciocho que lograron exiliarse y reunirse en Washington fueron juramentados de nuevo este 13 de octubre en la OEA.

Brillaron por su ausencia los embajadores de los Estados miembros; ni siquiera los que se han enfrentado abiertamente con los emisarios de Venezuela asistieron al evento. Desde Caracas, Maikel Moreno, presidente del TSJ oficial, advirtió que “revisaremos con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La pugna por el poder judicial

Antes de ese acto, la bandera y el resto de los símbolos de la OEA fueron retirados del Salón de las Américas. “Como un mecanismo de presión internacional contra la dictadura instaurada en Venezuela, se decidió, de manera inédita, instalar un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, indicaron los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, que el 30 de julio fue suplantado de facto por una Asamblea Nacional Constituyente. Impulsada por Maduro, ese órgano es desconocido por unos cuarenta países.

“La democracia debe basarse en un Poder Judicial independiente”, declaró Almagro en el marco del discurso ofrecido este viernes (13.10.2017). El diplomático uruguayo es uno de los mayores críticos de Maduro, al que ha acusado en reiteradas ocasiones de romper el orden constitucional en Venezuela e instaurar una tiranía en el país. Almagro volvió a pedir la imposición de más sanciones internacionales sobre funcionarios del régimen chavista. Después de la ceremonia, se reunió con el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson.

La primera sesión del Supremo paralelo tuvo lugar en el Salón Miranda de la OEA; la segunda se realizará la próxima semana en Colombia. Miguel Ángel Martín, presidente de la corte alternativa, aclaró que la sede de la misma no estará en las instalaciones del organismo multilateral, sino en una “oficina privada” en la capital estadounidense. Todo esto sucede dos días antes de las elecciones regionales que Maduro busca aprovechar para forzar a todos los gobernadores electos a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente.

Maikel Moreno, presidente del TSJ oficial.

Enmarañados antecedentes

Este es el episodio más reciente del conflicto político-institucional que ha sumido a Venezuela en una severa crisis de gobernabilidad. Violando el principio constitucional de la independencia de los poderes públicos, la élite cívico-militar chavista que gobierna en Venezuela desde 1999 controló todas las instancias estatales hasta las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición le arrebató la mayoría de los escaños en el Parlamento. Desde entonces, el antichavismo procura romper el alineamiento del TSJ con el Ejecutivo.

Aunque el “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, prometió aceptar los resultados de los comicios legislativos de 2015, los diputados salientes, en su mayoría oficialistas, instalaron un “Parlamento Comunal Nacional” que abogados constitucionalistas tacharon de ilegal por constituir una suerte de “Asamblea Nacional paralela”. La moción fue respaldada por Maduro (15.12.2015), quien prometió darle “todo el poder al Parlamento Comunal” para que fuera “una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

El TSJ, que es de facto el brazo ejecutor y normativo del régimen de Maduro, fue renovado arbitrariamente por los diputados oficialistas salientes el 23 de diciembre de 2015, cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y la corte ya estaba de vacaciones. El nuevo Parlamento, de mayoría opositora, inició una querella para revocar a los trece jueces supremos designados por el chavismo, alegando que su nombramiento había sido opaco y extemporáneo, pero el TSJ –actuando como arte y parte– anuló el proceso en cuestión.

Evan Romero-Castillo ( dpa / EFE )