Una jueza española emitió este viernes una orden europea de busca y captura contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, investigados por rebelión y sedición por su papel en la declaración de independencia en Cataluña, informó la Audiencia Nacional.

La euroorden para capturar e ingresar en prisión a Puigdemont y sus colaboadores está dirigida a las autoridades judiciales de Bélgica, donde “al parecer se encuentran los 5 investigados” que no comparecieron ante la justicia española, indicó el alto tribunal en Madrid.

Cesado la semana pasada de sus funciones por el gobierno central español, Puigdemont huyó a Bruselas y desoyó una convocatoria de la justicia de su país. Según su abogado, apelará una eventual orden de extradición.

“Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió [una orden] contra el presidente y otros cuatro ministros que están en Bélgica”, dijo Paul Bekaert a la cadena VRT.

Interrogado acerca de si Puigdemont permanecerá en Bélgica, Bekaert respondió: “Por supuesto. Prometió cooperar plenamente con las autoridades belgas”.

Bekaert indicó que si la solicitud de extradición es aprobada por un juez belga, su cliente apelará la decisión.

En el último episodio de la peor crisis política en España de las últimas décadas, la jueza Carmen Lamela ordenó este jueves la detención del vicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete miembros del gabinete de Puigdemont, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Lamela los envió a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron “un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”.

Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.

En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente” Junqueras y “el fin de la represión política”.

“Ya no es un asunto interno español, la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes”, afirmó.

Al grito de “no es justicia, es dictadura” y “vergüenza para Europa”, 20.000 personas -según la guardia urbana- se congregaron frente al palamento en Barcelona, convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las asociaciones implicadas según la justicia en la apuesta independentista.

“Es un grave error del Estado español, tensando la justicia de manera partidista. Esto no hará más que encender las calles”, estimó Ramón Jornet, un publicista de 50 años, en referencia a las encarcelaciones de Junqueras y los otros siete miembros del gobierno.

Para justificar la prisión a espera de juicio, la jueza alegó que existe riesgo de fuga -recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno- así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, replicó el abogado de Junqueras y de otros encausados, Andreu Van den Eynde.

La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: “Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre”, fecha de las próximas elecciones regionales.

Los delitos que se imputan a los encarcelados son muy graves y pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.

Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.

Los encarcelamientos provocaron reacciones de todos los sectores políticos españoles, desde el partido del jefe de gobierno conservador, que dijo respetar la decisión, hasta el de izquierda radical Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias dijo avergonzarse de “que en mi país se encarcele a opositores”.

“Es un gravísimo error político que nos aleja de la solución” de la crisis, señaló la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau.

Hasta el FC Barcelona sentó posición en un comunicado: el equipo “lamenta los encarcelamientos […] y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias”.

Fuente: AFP