Colombia redobló hace semanas la lucha contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras un alto el fuego de 101, el grupo insurgente volvió en enero al conflicto armado contra el Estado. El Gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspender la mesa de diálogo instalada en Quito, capital de Ecuador, después de una oleada de ataques contra la policía en Barranquilla y la región del Caribe en los que murieron siete agentes.

La organización -que cuenta con una estructura más horizontal y descontrolada que las FARC en la que se integran menos de 2.000 combatientes- convocó la semana pasada, durante tres días, un boicot a la libre circulación de civiles y vehículos en las zonas rurales bajo su control, una acción terrorista que califica de “paro armado”. Hubo seis muertos, 16 atentados y tres enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Frente a este escenario, las autoridades del país andino han intensificado su ofensiva. Pero hay un factor que la complica: Venezuela.

Los cabecillas de la guerrilla no solo se refugian al otro lado de la frontera, sobre todo las de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, sino que desde allí planean y ordenan ataques en territorio colombiano, según el Gobierno, dificultando así su localización y persecución. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló por teléfono con su homólogo venezolano, Vladímir Padrino. Le transmitió su preocupación por esta circunstancia y los dos se emplazaron a mantener una reunión. “Tuve una conversación telefónica con el ministro Padrino y él propuso la reunión”, explicó a Caracol Radio. “Al general Vladímir Padrino se le señaló la relación que han encontrado nuestras autoridades entre los responsables detenidos por el atentado en Barranquilla contra la Policía., con distintos números de teléfono, dirección y sujetos en territorio venezolano”.

A esto se añade que el ELN está reclutando a ciudadanos del país vecino, según aseguró el comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Alberto José Mejía. El jueves pasado, una operación de la división de inteligencia del Ejército y de la Fiscalía llevó a la detención en Bogotá de Rafael Antonio Botero, Tista, uno de los líderes de la guerrilla como coordinador del llamado Frente Urbano Nacional. A este terrorista se le imputa precisamente el delito de reclutamiento de menores. El propio presidente Santos se congratuló por esta captura, recordando, además, la acusación de haber perpetrado hace un año un atentado contra la plaza de toros en el centro de la capital.

Las acciones de esta organización, que ha estado históricamente activa en la frontera con Venezuela, sobre todo en la región del Catatumbo, se dan ahora, además, en un contexto de tensión entre los dos países a cuenta de la emergencia migratoria provocada por un éxodo masivo a Colombia a través de un área de alrededor de 2.200 kilómetros.

La reunión entre Villegas y Padrino sería la primera de esas características desde hace dos años. Se produciría, además, en un momento en el que son habituales los cruces de acusaciones entre el Gobierno de Santos y el régimen de Maduro. El mandatario colombiano, que en 2016 acabó con la guerra con las FARC, ya ha advertido que, si no cambian las reglas de juego, no podrá reconocer el resultado de los comicios presidenciales convocados por el chavismo, sin el apoyo de la oposición, para el 22 de abril. Mientras tanto, el sucesor de Hugo Chávez y sus ministros se emplean, en la mayoría de sus apariciones públicas, en descalificar a sus homólogos. El titular de Interior, Néstor Reverol, acusó a Colombia de injerencia al reclutar a venezolanos en sus fuerzas armadas. “Con este plan de incorporación pudieran propiciar condiciones para generar eventos graves que serían utilizados por el Gobierno colombiano como falsos positivos y así poder justificar una acción injerencista”, llegó a elucubrar esta semana en declaraciones a los periodistas.