La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) lamenta que el Gobierno ataque a los productores de alimentos en momentos en que los venezolanos sufren un alto desabastecimiento de los rubros. Rechazan que se detengan a ganaderos que invierten y apuestan por el país, como el caso de Manuel Castillo, presidente de los ganaderos de Apure (Agapure).

Castillo, de 68 años, junto a Indira Retureta, representante de los comercializadores de queso de Apure, y otras nueve personas están detenidas desde el lunes por exigir el libre transporte de 100 mil kilos de queso que iban al centro del país.

“Estamos presos por tratar de llevar alimentos al pueblo. Se está impidiendo pasar el producto hacia los grandes consumidores. Esto es insólito”, denunció Carlos Odoardo Albornoz, presidente de Fedenaga, en entrevista telefónica con La Verdad.

La detención ocurrió luego que un grupo de transportistas en camiones cava intentaba sacar la mercancía de Apure por el puente María Nieves hacia otros estados del país, pero efectivos de la Guardia Nacional lo impidieron por orden de Ofelia Padrón, alcaldesa de San Fernando de Apure, quien decretó que 10 por ciento de la mercancía que salga de su municipio debe quedarse como pago de impuesto. La situación generó una escaramuza que fue dispersada con gases lacrimógenos.

“Más de 100 mil kilos de quesos no han podido llegar a la mesa de cientos de venezolanos porque la Guardia Nacional junto a la alcaldesa emboscaron a los transportistas, porque fue una emboscada para exigir que dejaran 10 mil kilos de quesos”, insistió Albornoz, quien explicó que los ganaderos acudieron al lugar en defensa de los transportistas, quienes son sus principales clientes.

“Si se mantiene ese impuesto, eso va a entrar en los costos de producción y el impuesto lo va a terminar pagando el consumidos final”.

Explica que la alcaldesa decretó un impuesto municipal en el que ordena que cualquier rubro que se produzca en su municipio y se traslade por el puente María Nieves, debe pagarse una coima de 10 por ciento de la mercancía. “No sabemos qué se va a hacer con eso, si lo van a regalar o a negociar. Es una medida desproporcionada que se presta para mafias y corruptela”.

Indica que se trata de un decreto ilegal porque el artículo 125 de la Ley del Régimen Público Municipal prohíbe a los alcaldes crear impuestos de índole nacional en los municipios.

Espera que medidas como estas no se propaguen en el resto del país. “Imagínense si de pronto el gobernador de Bolívar dice que 30 por ciento de la energía que produce el Guri se tiene que quedar en su estado. Esto es una locura”.

Albornoz asegura que no se quedarán de brazos cruzados y esperan por saber que delitos les imputaran a los detenidos. “Estamos evaluando las acciones a seguir. Le pedimos a los productores de todo el país que estén atentos a los llamados de las asociaciones municipales”.

Insiste en que con estas acciones los más perjudicados son los venezolanos que padecen de alto desabastecimiento de alimento. “Enviar queso a los grandes centros de consumo se ha convertido en toda una odisea. Hoy aún 44 por ciento de los hogares del país consumen productos lácteos. Llamamos a justicia y ponderación”.