Los acusados por violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado (artículo 181.3 del Código Penal, en subtipo agravado) por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra tras cinco largos meses de deliberación y con un “tribunal dividido”, según fuentes jurídicas. La decisión del tribunal es contraria a la petición de 22 años de la Fiscalía por agresión sexual e incluye el voto particular de uno de los magistrados que pide la absolución de los cinco acusados.

Los condenados han sido también inhabilitados para el sufragio pasivo durante el tiempo que dura la pena. La Audiencia les impone además cinco años de libertad vigilada a cada uno de ellos y el pago de “una indemnización conjunta y solidaria” para la víctima de 50.000 euros y 1.531 al Servicio Navarro de Salud. La sentencia de la Audiencia de Navarra es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad y, previsiblemente, será el Supremo el que tenga la última palabra.

Decenas de manifestantes, entre ellos de algunos colectivos de mujeres, que esperaban el fallo en las inmediaciones de la Audiencia de Navarra, han mostrado su indignación y su frustración por la decisión del Tribunal: “No es abuso, es violación”; “tendrían que haber sido condenados a 25 años por violación, que es lo único que se merecen”, decía una de las mujeres allí presentes.

La joven, que entonces tenía 18 años, realizó un relato pormenorizado de los hechos el pasado mes de diciembre en su declaración en la que manifestó la confusión, el miedo y el desamparo que sintió durante y después de la agresión. “Estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada y que pasara rápido”, dijo ante el tribunal.

El fiscal pedía para los cinco acusados, autodenominados La Manada y en prisión preventiva desde julio de 2016, una pena de 22 años de prisión cada uno por cinco delitos continuados de agresión sexual, otro contra la intimidad por grabarla en vídeo con el móvil y un tercero por robo con intimidación, por robarle el teléfono a la chica y evitar que pudiese pedir auxilio.

El último día del juicio contra La Manada, conocido así por el nombre del grupo de WhatsApp que unía a los encausados, la fiscal Elena Sarasate señaló que el testimonio de la denunciante fue creíble objetivamente. La fiscal aseguró que en lo ocurrido se daban los ingredientes necesarios para considerar una agresión sexual. Existió “la violencia mínima” y se dio una “intimidación gravísima que impidió la defensa de la víctima” con hombres por delante y por detrás.

Las acusaciones populares —ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra— elevaron su solicitud de pena a 26 años de cárcel. Los abogados consideraron que los vídeos grabados por los acusados eran una prueba evidente de la agresión y algunas imágenes, en su opinión, eran “la expresión gráfica de la vileza” de los acusados con la joven.

Las defensas de los acusados, negaron la mayor y mantuvieron durante el juicio que el caso no era más que una sesión de sexo en grupo entre jóvenes, y sostuvieron que en las grabaciones no había imágenes “de asco, ni dolor, ni sufrimiento” de la víctima. Según los letrados, “el vídeo recogido por los acusados no demuestra que se trate de una violación en grupo, sino todo lo contrario, porque el comportamiento de la víctima no es el de quien está siendo violada contra su voluntad”. Tras el juicio, que se celebró a puerta cerrada pero del que trascendieron algunas informaciones, las defensas se aferraron a la pregunta de uno los magistrados sobre “¿cómo pudieron saber los acusados que ella no consentía el acto sexual?”, a la que la joven respondió: “Pudieron entender que consentía o que no”.

Uno de los abogados generó protestas que desbordaron las salas del juzgado de Pamplona cuando mostró un informe de unos detectives con publicaciones de la víctima en las redes sociales que pretendían demostrar que llevaba una vida normal tras la agresión.

El juicio a La Manada se ha convertido en un símbolo de la lucha feminista por las víctimas de violaciones, que han salido a las calles con eslóganes como “nosotras somos la manada”. Y se enmarca en un contexto en el que una de las Fiestas más internacionales de España llevaba años tratando de liberarse del estigma de los abusos sexuales que se producían en esos días que arrancan cada año con un chupinazo del 7 de julio.