Ortega intentó imponer en la apertura del diálogo temas económicos como la reforma a la Seguridad Social que desató en abril la crisis, pero los obispos no permitieron hablar a su delegado, el asesor económico Bayardo Arce, quien establecería la agenda del Ejecutivo. Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal, marcó el tono de la reunión al tomar la palabra y exigir al presidente que ordene el cese de la represión contra las protestas pacíficas que exigen su salida del poder y que “retirara la policía a sus cuarteles”. “Ha comenzado una revolución no armada”, dijo el obispo. “Si usted quiere desmontar esa revolución, no va a ser a fuerza de balas”, advirtió Mata.

Por primera vez en 11 años de mandato, acosado por la presión popular que exige su salida del poder, Ortega daba la cara ante un centenar de personas que se plantaron en el diálogo con exigencias específicas para el mandatario, entre ellas la justicia para las víctimas de la violencia desatada por el Estado. Ortega llegó a la mesa seguro de que podría imponer una agenda que atrajera la atención del sector empresarial, con quienes durante más de una década ha mantenido una relación de “consenso”, tomando decisiones a puerta cerrada sobre temas claves para el desarrollo económico del país. Esa relación era clara: Ortega se hacía con el control del Estado, destruía las instituciones democráticas, acallaba las voces críticas y amenazaba a la sociedad civil, mientras daba concesiones que mantuvieran satisfechos a los empresarios.

Ese esquema se rompió en abril, tras la fuerte represión. Varios empresarios consultados por EL PAÍS al final de la sesión dijeron que Ortega se equivocó al no abordar el grave deterioro institucional que sufre Nicaragua tras más de una década de mandato del exguerrillero sandinista. “Ortega vino a incrementar la crisis del país. Dudamos de que las intenciones del diálogo sean en base a lo que hemos expuesto. Hemos sido claros: debe haber justicia, que paguen los culpables y que haya seguridad para la población que se manifiesta”, agrega Michael Healy, presidente de la Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC).

Healy se muestra a favor del fin del mandato de Ortega. “Al final de este diálogo deberíamos tener un nuevo Gobierno, interino, que venga a poner el orden, y posteriormente llamar a elecciones libres”, agregó. El empresario apunta, además, que si el diálogo fracasa, no descartan un paro nacional. “Se esperaba en esta mesa una respuesta positiva del Gobierno, pero fue negativa, por lo tanto, vamos a evaluar un paro nacional, aunque el país ya está prácticamente parado”. Las conversaciones seguirán el viernes.

Nicaragua cumplirá ese día un mes inédito de manifestaciones. Desde hace dos semanas se han realizado los llamados “tranques”: obstaculización en importantes zonas productivas, donde han sido los campesinos quienes han impedido el paso hacia la capital, cada vez más aislada. Las protestas también se han sucedido en las principales ciudades del país, que han sido atacadas con violencia por las huestes de Ortega y por la Policía Nacional. El martes se dieron cruentos enfrentamientos en Matagalpa (norte del país), con un saldo de al menos tres muertos y decenas de heridos.

En pleno choque, Ortega afirmó este martes que su Gobierno quiere la paz. E hizo referencia a la masacre del Ejército israelí que abatió a tiros a 59 manifestantes palestinos esta semana, pero sin dedicar una palabra a la orden dada por su propio Ejecutivo para matar a quienes se protestaban pacíficamente en territorio nacional.

A medida que los días pasan, poco a poco se van conociendo historias de horror. Según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, se llegó a emplear francotiradores para abatir a los manifestantes. Entre las decenas de muertos se encuentran al menos 25 estudiantes, en su mayoría menores de 25 años. Muchos fallecieron tras recibir disparos en la cabeza y el cuello. Ortega dijo, sin embargo, que quienes se manifiestan “aterrorizan” a los nicaragüenses y son culpables de los saqueos que se han registrado en varias partes del país y de las muertes de oficiales de la Policía. El mandatario aseguró que de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) —bastión de la resistencia estudiantil frente al régimen— “salen bandas de paramilitares”, utilizando el mismo término con el que la Iglesia se refirió a los grupos de choque del oficialismo. Ortega, al final, se negó a cesar la represión en Nicaragua.

La intransigencia del mandatario le ha costado el apoyo popular, incluido el de sus seguidores. Una encuesta dada a conocer este martes por la firma CID Gallup muestra que casi siete de cada 10 nicaragüenses están a favor de que el presidente deje el poder, entre ellos un 30% que se define como “sandinista”. Además, el 78% de los entrevistados opina que el país va “por mal camino”. La interpretación de la encuestadora es que estos resultados demuestran que los nicaragüenses han perdido el miedo a expresar libremente su opinión.

Una muestra de esta nueva tendencia es Antonia Saballos, habitante del barrio Juan Emilio Menocal de la capital. “En Nicaragua hay una lucha justa”, dice, en declaraciones a EL PAÍS, en referencia a las manifestaciones contra Ortega. “Queremos que se vaya la dictadura. Soy sandinista, pero no danielista. No estoy de acuerdo con lo que han hecho, porque como madre me duele la muerte de todos esos muchachos que han matado. Ortega tiene que respetar a Nicaragua, porque esto no es Venezuela. Aquí manda el pueblo: así llegó él al poder y así lo vamos a sacar”.

Ortega dejó el martes la sede del Seminario de Nuestra Señora de Fátima de Managua, donde se inauguró el diálogo, con una lista de asesinados por la represión leída en su cara, el descontento de los empresarios y una exigencia directa de la Iglesia de parar la violencia del Estado. Afuera lo esperaban vecinos del Seminario que le gritaban “¡asesino, asesino!”, mientras el mandatario, junto a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, se retiraba en su Mercedes Benz blindado. Para muchos queda cada vez más claro que la única salida a la crisis de Nicaragua pasa por la dimisión de Ortega tras 11 años de mandatario autoritario en Nicaragua.