Tras seis años guardando polvo, el caso por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda ha dado tal acelerón en los últimos seis meses que ha alcanzado al expresidente Rafael Correa.

El exmandatario, que gobernó durante la última década, quedó oficialmente imputado este lunes en un asunto que ha sido calificado por el fiscal general, Paúl Pérez, como un “crimen de Estado” ya que fue ejecutado por funcionarios y con dinero públicos.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, ha aceptado la petición fiscal de procesar a Correa por secuestro y asociación ilícita y le ordena comparecer ante las dependencias judiciales de Quito cada 15 días a partir del 2 de julio, pese a que el exgobernante vive en Bélgica desde hace un año.

La tesis de la Fiscalía, sostenida con testimonios y documentos, es que Correa estuvo en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar en Bogotá al exasambleísta Fernando Balda, quien había sido condenado en Ecuador por calumnias contra el expresidente Correa y que estaba prófugo en Colombia.

Dos de los tres policías detenidos por su implicación en el rapto están cooperando con las autoridades y han entregado audios y papeles que conducen hacia la Presidencia de Ecuador que, en 2012, estaba ocupada por Correa. Además, hay dos cheques, por 10.000 y 11.280 dólares, a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, que se emitieron para pagar a uno de los agentes que debía encargarse de buscar a quienes ejecutaran el secuestro en Colombia.

El exasambleísta Fernando Balda fue forzado el 13 de agosto de 2012 a meterse en un carro con el fin de ser trasladado a Ecuador para cumplir su condena por calumnias, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el rapto. Después, Balda fue extraditado a Ecuador y pasó casi dos años en prisión. Él puso la denuncia por el secuestro en 2013, pero hasta enero de este año no se inició la instrucción fiscal. “Mi objetivo es lograr una justicia ejemplar, esa que a nosotros, las víctimas del correísmo, se nos negó durante una década”, ha declarado a la prensa local, Balda que se actúa como acusación particular.

Además de los tres policías, también está detenido el exdirector de Inteligencia de la Policía, Fausto Tamayo, y está en trámite la extradición desde España del exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, detenido este domingo por las autoridades españolas y puesto en libertad con medidas cautelares. Todos los procesados han ido develando cómo era la cadena de órdenes que apunta directamente hacia Rafael Correa, tras la declaración del exasesor de seguridad presidencial, Rommy Vallejo. Quien después fuera nombrado Secretario Nacional de Inteligencia aseguró que el expresidente le dio la orden de forma verbal, aunque no recuerda la fecha exacta. Además, un exasesor del Ministerio de Interior testificó que presenció una reunión entre Vallejo y el entonces ministro de Interior, José Serrano, en la que entregaban un informe a Correa sobre la ubicación en Colombia del asambleísta que después fue secuestrado.

Correa, sin embargo, declaró ante la Fiscalía por videoconferencia desde el consulado de Ecuador en Bélgica el pasado 24 mayo que no conocía a los policías procesados y negó su participación en el rapto. Según la versión de su abogado, en Presidencia trabajaban 600 personas y había un secretario de despacho que filtraba todo lo que llegaba a manos del presidente, quien solo estaba en contacto con sus ministros.

Desde su declaración, Correa y sus defensores han insistido en calificar el proceso por el secuestro de Fernando Balda como una persecución política en su contra, orquestada desde la actual presidencia de Ecuador para evitar su eventual regreso al poder. “No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan. Pero esa es la situación actual del país. Un fiscal puesto a dedo me vincula para que me juzgue un Sistema de Justicia manejado por un Consejo de la Judicatura también puesto a dedo”, ha publicado Correa en redes sociales.

Este es el primer caso en el que se procesa al expresidente Correa desde que dejó el poder en mayo de 2017, pese a que ha sido llamado a comparecer ante la Fiscalía en otros cuatro más. En los demás, se ha puesto en cuestión su manejo de los recursos públicos en la última década por el exceso de endeudamiento del país y la explotación petrolero y por el acceso a información privilegiada sobre los atentados que sufrió Ecuador en la frontera a inicios de año.