El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha pedido este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en los graves abusos que se han producido en Venezuela para combatir la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado. “Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”, ha afirmado Zeid en un comunicado.

La Oficina de Alto Comisionado ha publicado este viernes un segundo informe a distancia —las autoridades deniegan el acceso a territorio venezolano al organismo— sobre la situación del país latinoamericano en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad. Concretamente, el documento registra las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y con las Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

El pasado martes, previamente a la publicación del texto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, sostuvo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos produce “unilateralmente y sin mandato alguno informes ilegales”. Valero también indicó que el documento “carece totalmente de rigor científico” ya que se realiza en base a datos recogidos a distancia y que no pueden ser verificados.

La Fiscalía General ha contabilizado 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad que, según fuentes de la Oficina, seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a ‘criminales’ sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos. La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas. Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.

Nuevo informe de @ONU_derechos destaca que #Venezuela no ha juzgado a los autores de graves violaciones de los #DerechosHumanos, entre otras homicidios, uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura: https://t.co/0Nw39HrA6t pic.twitter.com/4x0JA1zI3c

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 22, 2018

La publicación denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017”. De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”. Además existirían unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que ‘en muchos casos puede llegar a constituir tortura’.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, ha asegurado Zeid. “Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, ha agregado el responsable.