Japón y España encabezan las estadísticas mundiales de esperanza de vida al nacer, con una media de 84 años. Esto, unido al descenso drástico en las tasas de fecundidad, ha llevado a un  cambio sin precedentes de la pirámide de población. España no es una excepción. Europa envejece. Las últimas perspectivas de población de Naciones Unidas, de 2015, muestran cómo la población europea no va a parar de descender, y pasará de los 738 millones de 2015 a los 646 que se esperan en 2100.

Pero pongamos el foco en España. En 1950, los mayores de 65 años apenas representaban el 10% del total. En 2015 el porcentaje de personas mayores de 60 años ya era el 24,4% de la población. La ONU calcula que en 2100 el porcentaje se elevará hasta prácticamente alcanzar el 40%.

Esta realidad, que se alimenta del aumento de la longevidad y del desfase de la tasa de natalidad, abre un escenario totalmente nuevo. Lleno de retos y de desafíos sociales, económicos y políticos.

Un cambio necesario del paradigma sanitario

No son los años vividos, sino la calidad de vida que podemos disfrutar en nuestro envejecimiento. Así lo ve Álvaro Casas, médico especialista en Geriatría y presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), para quien que España sea uno de los países del mundo  con mayor esperanza de vida al nacer no significa que vivamos necesariamente mejor a medida que vamos cumpliendo años, ya que “el proceso de envejecimiento es muy heterogéneo y está condicionado por múltiples factores”.

Por un lado, el aumento de las enfermedades que se pueden prevenir derivados de hábitos de vida inadecuados (factores de riesgo cardiovascular, escasa actividad física, hábitos tóxicos y dietéticos poco saludables) y que tiene efectos en la salud de la población y en su esperanza de vida. Por otro, para el presidente de la SEMEG, hay determinadas enfermedades crónicas y degenerativas que son más frecuentes a medida que se cumplen años y que afectan a la capacidad de desenvolverse de forma autónoma.

En ese sentido, las previsiones indican que en España existen casi 20 millones de enfermos crónicos, lo que representa a casi una de cada dos personas mayores de 16 años. Se calcula que en 2050, debido a los avances médicos que están logrando cronificar dolencias que hasta hace poco eran mortales y al envejecimiento paulatino de la población, la atención a estos enfermos se triplicará. Por ello, desde las asociaciones de pacientes llevan tiempo pidiendo un cambio en el paradigma sanitario español, hoy centrado en las enfermedades agudas.

Desde SEMEG también reivindican un mayor peso de la geriatría en el sistema de salud. Al respecto, su presidente denuncia que estos especialistas “son minoritarios” en la salud pública e incluso no existen en determinadas comunidades autónomas. También la ausencia de unidades de geriatría y planes de atención geriátricos en todas las autonomías y el hecho de que la investigación sanitaria en envejecimiento sea “todavía secundaria”.

La solución para Álvaro Casas pasa por proporcionar una atención integral a nuestros mayores centrada en sus necesidades reales de salud, que “son completamente diferentes de las de la población adulta”. Para el especialista, la situación actual es claramente discriminatoria para el anciano porque al igual que un niño es atendido por un pediatra, los mayores deberían poder ser atendidos por un geriatra cuando lo necesitan. Para ello cree que hay que mejorar la formación y extender el conocimiento geriátrico a todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de las personas mayores. “Debemos trabajar todos de forma conjunta y poner al paciente mayor en el centro del sistema sanitario. Además, hay que desarrollar la formación pregrado en Geriatría en todas las universidades, aumentar las unidades docentes acreditadas en este campo en los hospitales y apostar por la presencia de recursos asistenciales geriátricos hospitalarios y comunitarios en todas las provincias”, cuenta.

Efectos de la crisis económica: la inestabilidad del Estado del Bienestar

La población mayor ha sido una de las más afectadas por la crisis económica. A la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escasa revalorización de las pensiones, se une el hecho de que durante el periodo de inestabilidad económica muchos de los jubilados hayan sido el sostén económico de familias enteras. Los datos así lo confirman. Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi seis de cada diez pensionistas reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes. Los datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, publicado en julio de 2017, por su parte, muestran cómo durante los años más duros de la crisis, entre 2008 y 2016, el gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas se disparó casi un 37% en los hogares donde el cabeza de familia contaba más de 65 años; mientras que, por el contrario, cayeron en más de un 22% en aquellos con cabezas familiares menores de 44 años.

Según Laura Lorenzo, doctora en Sociología especializada en población y demografía, las consecuencias de la crisis económica se van a hacer visibles en los próximos años a través de un aumento de la demanda de atención sanitaria y social, ya sea como consecuencia de la propia crisis o del proceso de envejecimiento de la población. Un escenario difícil de afrontar si tenemos en cuenta los recortes en la financiación de servicios públicos de carácter social y económico de los que también eran beneficiarias mayoritariamente las personas mayores: “Está demostrado que las crisis económicas están vinculadas con un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Tiene, por tanto, un posible impacto en las condiciones de salud de las personas mayores debido a factores socioeconómicos como los recortes en los servicios sociosanitarios (por ejemplo, la Ley de Dependencia o el copago sanitario), pero también a factores individuales, como el aumento de la ansiedad, el estrés o la depresión”.

Para Lorenzo, los países con una población fuertemente envejecida “es probable que se enfrenten a dificultades” para proporcionar bienes y servicios esenciales a sus ciudadanos (atención sanitaria y asistencial, pensiones públicas, etcétera), de tal modo que “el desarrollo general del país podría verse afectado por el proceso de envejecimiento”. Un proceso que también implica profundos cambios sociales que afectan a la estructura y composición de las familias: “La reducción del tamaño medio de las familias, el aumento de los hogares unipersonales y el debilitamiento de las redes familiares y personales, inciden en el bienestar y la calidad de vida de la población mayor”.

Todo ello, según la socióloga, provoca que el proceso de envejecimiento constituya un auténtico reto para los sistemas de protección social porque, según la experta, “para responder al desafío del envejecimiento es necesario reestructurar políticas, sistemas económicos e incluso relaciones familiares”. Y hoy, para Lorenzo, estamos lejos de esa respuesta. Lo demuestra el hecho de que la viabilidad futura del Estado del Bienestar en España está en entredicho, lo que ha colocado de forma inevitable a la sostenibilidad del sistema de pensiones en el centro del debate. “Las pensiones estarán aseguradas cuando la economía española empiece a crecer. Las altas tasas de paro, los empleos temporales y mal remunerados no favorecen que el número de cotizantes a la Seguridad Social aumente. Las reformas deben centrarse en mejorar y modernizar el sistema productivo”, mantiene.

 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Una tercera edad participativa

“No se deben fundamentar las reformas sociales, económicas y políticas en las consecuencias del propio proceso de envejecimiento, sino en el cambio que se va a producir en la estructura de edad de la población. Hay que tener en cuenta que los cambios demográficos se inscriben en procesos más amplios y son inseparables de otras transformaciones económicas, sociales y culturales como, por ejemplo, que los mayores de la actualidad poco tienen que ver con los de hace 40 años”, reflexiona Laura Lorenzo.

Y es verdad: los mayores de la actualidad poco tienen que ver con los de hace 40 años. Son, en general, más activos. También más reivindicativos. Quizás, en parte, por todos los derechos perdidos con los recortes que la crisis económica ha llevado aparejados. Ahí está el movimiento yayoflauta. También esa marea de pensionistas que en marzo tomaron las calles de todo el país para pedir mejores pensiones.

Como se explica en el informe, La participación social de las personas mayores, elaborado por el Imserso, a finales de los años noventa la OMS completó su mensaje de envejecimiento saludable adoptando la terminología de “envejecimiento activo”, definido como “el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. En el libro Construyendo futuro: Las personas mayores Una fuerza social emergente (Alianza), Pere Amorós, uno de los autores, explica que el enfoque activo del envejecimiento “trata de ayudar a construir procesos inclusivos en la sociedad para que las personas mayores puedan tener su propio espacio en ella (facilitando lenguajes, herramientas y cauces para ello), a fin de que puedan intervenir de forma activa y útil en su desarrollo y construcción y para que alcancen, como consecuencia, metas cada vez más altas en su autorrealización personal, consiguiendo con ello la satisfacción vital y una mayor calidad de vida”.

Hoy, sin embargo, como reconocía recientemente en un reportaje el doctor Andrés Vázquez, gerontólogo clínico y expresidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, ese envejecimiento activo enfocado desde el punto de vista participativo y relacional sigue siendo “un reto por resolver tanto política como socialmente”. La muestra es que, como explicaba este experto, uno de los principales problemas de las personas mayores que reflejan las encuestas del INE sigue siendo el relacional. En ese sentido, y tras recordar que “a participar se aprende”, el gerontólogo concluía destacando la necesidad de no aparcar a los ancianos y de “abrir canales de participación, de comunicación, de integración y de toma de decisiones a la tercera edad”.