La agudización de la crisis económica no permite que las instituciones educativas aseguren su operatividad para el año próximo. A cuatro meses de que finalice el período escolar, hay planteles que anunciaron un cierre técnico ante las autoridades del Ministerio de Educación.

La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas señala que a principios de año cesaron actividades 13 colegios en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. Esto ocurre en un contexto en el que aumenta el número de niños y jóvenes fuera del sistema escolar: la Encuesta Condiciones de Vida alerta que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años descendió de 78 % a 71 %.

Caracas. De 14 aulas, a la Unidad Educativa Carmen Lameda le quedan abiertas 7. Coloridas carteleras, maestras sonrientes, niños repitiendo lo que les enseñan: un día de actividad escolar regular. Nadie comenta que este será el último año escolar para todos en esa institución. Pero en la dirección sí. Después de 21 años de servicio –que se cumplirán el 21 de este mes– el colegio, en el sector La Gran Parada de la parroquia Macarao, ya se encuentra en cierre técnico.

La directora Raquel Martínez lo anunció en enero a la comunidad de padres, representantes, personal docente, administrativo y obrero, así como a las autoridades del Ministerio de Educación. El motivo: la “inconsistencia financiera” que viven desde hace tres años. “El año escolar pasado fue muy duro, por lo que no quería abrir en septiembre. Tuve que cerrar la mitad de la escuela, en diciembre vendí una parte del terreno para pagarles a las maestras. Solicité préstamos porque incluso nosotros como directivos no teníamos cómo hacer mercado. No cobramos desde diciembre”. Y agrega:

Me siento utilizada por el Ministerio de Educación y la Alcaldía. Después de lograr que me dieran un subsidio, después de mucho tiempo, entonces ahora se vuelve insuficiente. Por lealtad a mí misma decidí cerrar. A lo mejor este colegio era mi verdadera misión, pero que ahora se hace imposible por todas las cosas”.

La demora de los padres en el pago de mensualidades y del subsidio que deben cancelar las empresas, sobre todo del Estado, cuyos empleados tienen a sus hijos en la institución, impide a directivos calcular ingresos y egresos. La matrícula actual es 205 estudiantes, de los cuales solo 30 representantes están al día. Del plantel, que se inició en septiembre con 296 inscritos, han sido retirados 91: 18 se fueron del país y a 73 los reubicaron en colegios públicos. Pero en julio del año pasado la población estudiantil era de 500.

La directora Raquel Martínez desconoce qué harán ella y su personal después que cierre por completo la institución educativa.

Martínez asegura que la matrícula actual (205 alumnos) podría ser menos, pues muchos han dejado de asistir a clases por no tener alimentos, agua –el suministro lo suspenden de miércoles a domingo–. Quizá forman parte de los 2,8 millones de estudiantes que asisten de manera irregular a clases por fallas en el servicio de agua, alimentación y transporte, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de 2017, que elaboran las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. “Esta semana no hubo comida del Programa de Alimentación Escolar. Tuvimos supervisión de la alcaldía y había solo 66 niños”, cuenta Martínez.

Lo que va quedando en los salones son carteleras que dicen “Bienvenidos al nuevo año escolar” y los pupitres vacíos. Esta institución, que atiende a niños de educación inicial hasta sexto grado en el horario de 6:50 a. m. a 5:30 p. m., ya cerró los salones de cuarto y quinto grado, y unificó las dos secciones de primer grado y el preescolar.

La pérdida de matrícula y personal docente, la morosidad y el cerco económico hace inviable para Martínez continuar con el proyecto educativo. El subsidio que reciben de la Alcaldía de Libertador son 202 bolívares por cada estudiante. Los de básica pagan 151.000 bolívares y los de preescolar 161.000 bolívares.

Esta semana realizaron nuevos cálculos tras el incremento de salario decretado en marzo. “No sé si podamos llegar a julio, por ley deberíamos. Tendríamos que elevar la matrícula a 272.000 bolívares en el caso de preescolar, y 300.000 bolívares para los de básica. Esto para pagar un sueldo básico al personal. Nos sentimos ahogados. Tenemos la escuela prestada”.

La directiva recurrió al Ministerio de Educación en busca de soluciones, pero no obtuvo respuesta. Pedían la renovación del permiso para el funcionamiento del preescolar y el aumento de la cuota de subsidio por cada alumno.

La reubicación de estudiantes continuará hasta garantizar que en julio todos tengan un cupo en otra institución. “Un niño tenía mucho miedo y su mamá no quería que fuese a un colegio público. Otra me comentó que la niña no quería entrar a los baños porque en las paredes escribían groserías. Otro estudiante de preescolar le dijo a su mamá: ‘La Raquelita esa nos quiere cerrar la escuela”, cuenta llorando la directora. Y pregunta: “¿Cómo hago? A los colegios privados no los toman en cuenta. No es posible que no pueda darle ni bono a mis maestras, no puedo competir con papá Estado”.

Martínez todavía no tiene planes para cuando la institución cierre definitivamente. “Mis hijos se van del país, yo me traeré de oriente a mi mamá, que está pasando trabajo. Soy diabética y tengo 48 años. Me quedaré desempleada junto con mis 18 trabajadores”.

A esta situación se enfrentarán también otros planteles de la zona. Luego de que Martínez presentó a la supervisora circuital el comunicado de cierre se realizó una reunión del consejo de directivos del sector, que agrupó a 14 planteles. En ese momento 2 preescolares subsidiados también anunciaron el cierre.

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativos Privados en Caracas, Fausto Romeo, señala que los colegios no tienen capacidad de pago. “En octubre de 2017 teníamos un reporte de cierre de 10% en todo el país. En enero se incrementó 15%, adicional a los que ya se habían cerrado. Hay unos costos fijos que son lo que nos está faltando. Anteriormente, entre costos fijos y costos variables uno podía solventar, pero ahora no”. Expresa que hace 2 meses 13 colegios cerraron en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. “A lo mejor está sucediendo el cierre de un colegio diario”, expresa.

Pérdida de escuelas

De acuerdo con datos del informe 2018 del estado de la educación en el país, elaborado por el coordinador de la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana de la Universidad Central de Venezuela, Luis Bravo, entre el período escolar 2013-2014 y el 2014-2015 dejaron de existir 12 planteles privados –incluyendo los subvencionados por el Ministerio de Educación y el Estado. De 4.871 se pasó a 4.859.

El informe, elaborado con base en información pública oficial, indica que las instituciones oficiales también cierran sus puertas. Para el período escolar 2004-2005 se contaron 24.940 escuelas, pero el total para 2006-2007 fue de 22.901. Eso significa que 2.039 planteles desaparecieron. Hasta 2015 la memoria y cuenta del Ministerio de Educación indicó que en el país existían 27.626 instituciones, entre públicas y privadas. Pero el 9 de enero, como cita el informe de Bravo, el ministro Elías Jaua aseguró que eran 25.500 las “habilitadas para seguir el proceso de formación escolar”. Una diferencia de 2126 escuelas.

Entre el período escolar 2013-2014 y el 2014-2015 dejaron de existir 12 planteles privados.

“De un año a otro puede haber un diferencial de 100 escuelas y uno pregunta qué es lo que pasa. Eso se debe en principio a la debilidad de la información y en segundo lugar a que aquí no se están construyendo muchas escuelas. Está ocurriendo un fenómeno, y es que nunca las escuelas oficiales se cerraban; se disolvían con otro nombre, pero no cerraban”, explica Bravo.

La construcción de nuevas escuelas ha sido precaria. Según el informe anual de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, en 2015 se construyeron 27, entre escuelas y liceos bolivarianos, unidades educativas, escuelas técnicas y simoncitos. Pero en 2014 y 2013 no se llegaron a construir más de 17.

No garantizan operatividad

Ante la inviabilidad económica en el país, donde solo en enero, según la firma Econométrica, la inflación fue de 95,3 %, a la fecha los planteles privados no pueden garantizar la operatividad para el próximo año escolar.

“Todos los colegios pequeños que no pueden hacer ajustes para cancelar sueldos y salarios están a punto de cerrar. Estamos en fase de subsistencia. Casi todos a punto de cierre”, asegura el presidente de Andiep, Alejandro Conejero. Son 164 colegios que agrupa la organización. “Quisiéramos asegurar la operatividad, pero eso no depende de nosotros sino de cómo se mueva la economía del país; a este ritmo de la inflación y este éxodo de docentes y alumnos, cada día se hace más difícil”, enfatiza Conejero.

El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, Pedro Castro, destaca que los 200 colegios que integran la organización tratan de finalizar el año escolar.  “Estamos sobreviviendo”.

Ante la crisis, una de las medidas que los planteles han tenido que tomar ha sido la disminución de servicios. En un colegio del Country Club, hasta el año pasado se incluyó en la matrícula la posibilidad de que el estudiante estuviese en tres actividades extracurriculares. Ahora ofrece una, y las demás las debe cancelar el representante. “Todos los colegios hemos disminuido los servicios, sobre todo actividades extracátedra, como las culturales y las deportivas. Otros los cobran aparte. Hemos eliminado servicios de psicología”, dice Conejero.

El mantenimiento de instalaciones y jardines se imposibilita. “Nos hemos reducido a servicios mínimos: clases y materias exigidas por el Ministerio de Educación”, agrega el representante de Andiep. Preside una escuela en la que, desde hace un buen tiempo, las canchas que eran de grama natural ahora son de tierra. “No tenemos agua y ya no podemos comprar cisternas para regar la grama. Tenemos dos años sin renovar la batería de baños, hemos cerrado cuatro salones porque no tenemos cómo reparar el compresor del aire acondicionado”. Esto no ha afectado la parte académica de los estudiantes porque han podido ser reubicados en otras aulas debido al éxodo: se han ido 115 alumnos de una población de 1665.

Los ajustes en la mensualidad son otra práctica en los colegios. Puede ser cada mes, bimestral o trimestral. El último ajuste que Conejero hizo fue de 34 % en febrero. En otro colegio del Country Club en lo que va de período escolar han acordado con padres y representantes cuatro incrementos. El año pasado fueron seis. En otras instituciones los ajustes responden a los aumentos salariales que ordene el Ejecutivo.

Educación privada se restringe

En septiembre de 2017 el ministro Elías Jaua indicó que 200.000 estudiantes ingresaron al sistema público, pero no explicó en qué contexto. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 señala, en cambio, que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años descendió de 78 % a 71 %. También indica que existe una caída en el número de inscritos en educación privada: “La pérdida del poder adquisitivo en los hogares parece haber incidido sobre una menor demanda de servicios privados, especialmente en las edades de cursar educación inicial o universitaria”.

La Encovi también señala que “ha caído la demanda de servicios educativos privados entre la población de los estratos socialmente más aventajados”, al ubicarse en 43 %, luego de que en 2016 fue de 55 %.

En medio de la crisis económica no solo la moneda pierde su valor. Martínez explica en qué consiste el duelo: “Cerrar un colegio es quitar una oportunidad, una esperanza a muchos infantes. Es quitarle el saber, los valores. Una escuela dentro de una comunidad es una esperanza de surgimiento, de avance. La fundación de la escuela Carmen Lameda fue el trabajo de campo de mi tesis. Quise darles apoyo a las familias para que los niños no se quedaran solos en casa. Veía que muchos estaban sin educación. Carmen Lameda era mi abuela, un héroe anónimo del sector La Gran Parada, que ayudó a muchas personas cuando el río se desbordó”.

Los estudiantes se quedan a la deriva

La presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández, considera que es el tercer momento desde el año 2000 en que los colegios privados no pueden garantizar su continuidad. En 2004 el presidente Hugo Chávez ordenó congelar las matrículas. En 2007 se estableció que para ajustar las mensualidades tenían que contar con 75 % de asistencia de padres y representantes en las asambleas. Si no se alcanzaba un acuerdo en la primera y segunda convocatoria, se haría con 50 % más 1 en la siguiente. El incremento sería hasta 20 %.

La Memoria Educativa Venezolana, en su informe 2018, refleja que en el período escolar 2006-2007 había 5048 planteles privados y para el siguiente (2007-2008) se contaron 4456; es decir, una pérdida de 592 instituciones educativas. Desde entonces, al menos hasta 2015, la iniciativa privada no ha vuelto a superar la cifra de 2006-2007.

“Ahora tenemos un país con hiperinflación en que no se pueden realizar asambleas anuales, sino cada dos meses o cuando el Gobierno aumente el sueldo. Ante la inviabilidad económica, no hay ninguna garantía de poder continuar; sería irresponsable decir que sí”, opina Hernández.

La Encuesta Condiciones de Vida 2017 señala que 24 % de los escolares entre 3 y 5 años de edad forman parte de los alumnos de un plantel privado; la cifra se repite en el caso de los niños de 6 a 11 años de edad, mientras en la población escolarizada entre 12 a 17 años de edad, la cifra es de 35 %. Poco más de un millón de niños están desescolarizados.

“Por la menor medida, por cada colegio privado que cierre hay 400 muchachos que se quedan sin continuar con el proyecto educativo, ni hablar de colegios que tienen de 800 a 1000 alumnos que pueden quedar a la deriva. Nos va a costar 25 años poder restituir la calidad de la educación”, manifiesta.

Fotos: Francisco Bruzco