“Bolichicos” acusados en Miami de lavar $1,200 millones de fraude cambiario venezolano
por Antonio Maria Delgado y Jay Weaver
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.
Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.
En Venezuela, bolichico es un término utilizado para describir un selecto grupo de jóvenes venezolanos que han amasado gigantescas fortunas bajo la sombra del chavismo.
En el centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga, uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía venezolano.
En la acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela.
“La malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible de estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.
“El estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la acusación.
Producto de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero.
“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.
Además de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y “cleptócratas”.
Un ex jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y su esposa, tesorera de la Nación, un general que dirigió su plan piloto de las misiones sociales y un auditor de la petrolera Pdvsa, fueron algunos de los venezolanos que salió a relucir.
Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde.
Otro de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.
Se espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de algunos de los implicados podría dificultarse porque se encuentran en Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.
Entre los acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
Los documentos de la corte señalan que los acusados acumularon millones de dólares haciendo uso del tipo de cambio preferencial otorgado solo a personas allegadas al régimen.
La diferencia entre el tipo de cambio preferencial y el tipo de cambio real, adquirido en el mercado negro, era de diez a uno en el 2014, lo que en esencia permitía adquirir $100 millones pagando sólo $10 millones, señala uno de los documentos.
La investigación comenzó en el 2014 cuando las autoridades detectaron un esquema cambiario para malversar cerca de $600 millones de PDVSA, obtenidos a través del pago de sobornos y esquemas de fraude.
En ese momento, los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a lavar una porción de los fondos malversados.
Para mayo del 2015, la operación había ya duplicado el monto a $1,200 millones, señala la acusación.
La directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes De Freitas, relata cómo esa organización despliega una ardua cruzada para enfrentar la corrupción en ese país sudamericano.
Al inicio, CS había accedido a realizar negocios con los acusados, que en esencia consistía en comprar dólares a muy buena tasa, debido a que él tenía clientes en Venezuela a quienes les podía vender dólares estadounidenses.
La fuente inicialmente realizó varias operaciones de este tipo por decenas de millones de dólares, que obtuvo inicialmente en euros.
Pero la operación luego entró en problemas por la negativa de los acusados de propiciar la debida documentación para justificar la procedencia de los fondos ante las autoridades que velan por la transferencia del sistema financiero internacional y, en al menos una ocasión, los acusados presentaron documentos falsificados.
Las partes sostuvieron una reunión en las oficinas de Convit en Caracas con CS luego que este indicara que no podía continuar operando con ellos de esa manera.
“En la reunión Convit, Urdaneta, Amparan y CS se sentaron en una mesa. Convit tenía una pistola en la mesa [y] al lado de Convit había un pastor alemán con un collar eléctrico. Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no siempre podía controlar al perro”, señala el documento.
Además, había numerosos guardias de seguridad en la oficina. “El ambiente era uno de total intimidación por parte de Convit”, agregó el documento.
Poco después de ese encuentro, CS comenzó a grabar sus conversaciones con los acusados, obteniendo de esa manera gran parte de las pruebas que serán entregadas en la corte por las autoridades.
