Narcotraficante y lavador de dinero El Aissami promovió sangriento ataque a la Asamblea Nacional
Por
Gustavo Coronel
***** La OEA debe actuar sin más demora, con o sin los votos de los países mercenarios de Petro Caribe
**** Si la OEA no puede actuar, los países democráticos de la región pueden y deben actuar, de manera conjunta o individual
**** El narco-régimen venezolano debe ser intervenido por la región y sus cabecillas deben ser objeto de orden de captura
Más de cien muertos, más de 1500 heridos, más de 150 prisioneros políticos, un país en ruina financiera, con una población carente de alimentos y medicinas y en protesta masiva frente a la represión armada de los asesinos de la Guardia Nacional venezolana. Un presidente títere de la Cuba castrista, un vicepresidente narcotraficante, experto en lavado de dinero y promoviendo ataques en contra de los representantes del pueblo de la Asamblea Nacional. Un régimen que no cumple con sus obligaciones como miembro de la ONU o de la OEA.
Un presidente semi-analfabeto clamando en cadena nacional por ejercer la fuerza de las armas en contra del 90% de la población y sobre quien nadie sabe su nacionalidad verdadera.
Pregunto a los ciudadanos y gobiernos de nuestra región:
¿Cuánto más tendrá que suceder en Venezuela para que los países de la región actúen con decisión para sancionar al narco-régimen?
¿Cuánto más deberá pasar en Venezuela para que el Papa deje la ambigüedad a un lado y se pronuncie a favor del pueblo venezolano y en rechazo del narco-régimen asesino?
¿Cuánto más deberá suceder en Venezuela para que los Estados Unidos elimine el suministro de gasolina a PDVSA y restrinja la importación de petróleo venezolano a su territorio?
¿Cuánto más deberá soportar el pueblo venezolano sin acudir a las armas en contra del narco-régimen y de sus cómplices de la Fuerza Armada?
El narco-régimen venezolano de Maduro, El Aissami, Cabello y Padrino López debe ser expulsado del poder y sus principales cabecillas, unos cien desalmados, deben ser enjuiciados y quienes resulten culpables deben ser enviados a prisión por la pena máxima de 30 años que estipulan las leyes venezolanas. En Venezuela tendrá que existir la plena justicia so pena de ser sustituida por la venganza.
El vicepresidente del narco-régimen, Tareck El Aissami y sus testaferros deben ser objeto de la acción internacional y el resto de la familia Maduro-Flores debe ser investigada por tráfico de drogas.
Un régimen cuyo presidente, esposa y familiares, el vicepresidente, el ministro del interior, generales de la Fuerza Armada, embajadores y miembros del poder ejecutivo y judicial hayan sido denunciados por sus violaciones a los derechos humanos, o por lavado de dinero o narcotráfico tiene que ser objeto de una intervención internacional.
Venezuela clama justicia y pide con urgencia el apoyo de la OEA, del Papa, de los gobiernos de las Américas y del resto del mundo.
